Valencia, 29/07/2010
En la formulación del Real Decreto a través del cual el Ministerio de Economía y Hacienda pretende suprimir el visado para los trabajos de las profesiones “priman claramente los intereses económicos sobre las garantías de seguridad y la integridad física de los ciudadanos”, según afirma el presidente de Unión Profesional y decano del Colegio de Abogados de Valencia. Francisco Real considera que esta supresión, implica eliminar las necesarias garantías de seguridad que protegen el derecho a la vida y a la integración física de los ciudadanos y destaca, también, que esta supresión no está respaldada por ningún estudio que acredite incremento de costes, el visado examina la habilitación legal del profesional, acredita que el trabajador cumple con la legislación vigente y aporta un seguro de responsabilidad en todo lo que se refiere a construcción e instalaciones.

De esta manera, se actúa de forma preventiva, estableciendo medidas y controles de seguridad- así como paliativa, por la póliza de seguro y responsabilidad que aporta.

Para el presidente de Unión Profesional Valenciana (UP-V), el visado ha de estar ligado a la actividad de los colegios profesionales, organizaciones cuya misión y función principal es la defensa de los consumidores y usuarios.

La decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana, Mercedes Aviñó, presente también en la rueda de prensa, ha manifestado que la ingeniería “es un ámbito donde el binomio seguridad y ciudadano encuentran un punto en común, en su relación con las infraestructuras. Por ello el concepto de seguridad es prioritario en esta profesión y ha de estar presente en todas las fases de construcción de infraestructuras”.

Tras dejar claro que la Directiva de Servicios no alude en ningún momento a la supresión de visados, sino a la libre circulación de los profesionales, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana Javier Turégano, ha aclarado que el visado tiene una función preventiva frente a seguridad en las obras y también, paliativa, pues garantiza un seguro de responsabilidad civil.

Por último, el Presidente de UP-V, Francisco Real, ha manifestado que el R.D. ha sido elaborado por el Ministerio de Economía, atendiendo más a criterios económicos que a la seguridad de las personas, por lo que ha solicitado a la Administración Central un mayor margen para escuchar a los interesados, realizar un estudio serio que no esté únicamente basado en criterios económicos, sino más adecuado a las exigencias sociales y ciudadanas del momento.

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